Colección Centroamérica

En mayo y junio de 1989 se dió la promesa presidencial de distribuir el poder político en las municipalidades y en las asociaciones de desarrollo comunal, el gobierno destaca las virtudes democráticas de estos acontecimientos, pero en la realidad se mantienen dudas sobre su verdadero significado, en pocas palabras, el que las municipalidades dispongan de más recursos económicos y que posean un órgano representativo de las asociaciones de desarrollo comunal, no significa que sean totalmente democráticas. Se propone el traslado del 10 por ciento del presupuesto nacional en forma gradúal hacia las municipalidades, el 40 por ciento se destinará a labores tradicionales de las municipalidades y el 60 por ciento a nuevas funciones que actualmente se encuentran en manos de entidades del Poder Ejecutivo (como el MOPT, MEP), regulación de los servicios locales como taxis y autobuses, impulso a programas de organización social que están en manos de DINADECO, administración de los comedores escolares del MEP. Con estas reformas no se puede decir que haya una descentralización del poder político, con esto se duda del reparto de poder en las comunidades, en la realidad lo que sucede es que se contaría con más recursos financieros, con mejor preparación técnica del personal y un mejoramiento administrativo de las municipalidades. Este proyecto deja serias dudas sobre sus alcances, ya que fue iniciativa del Poder Ejecutivo y, las comunidades y el ciudadano medio estuvieron ausentes en el diseño del proyecto. Un paso positivo fue la creación de la Confederación Nacional de Desarrollo Comunal, ya que la dirigencia comunal tiene acceso a la elección de sus representantes y a la discusión de los lineamientos de la política de desarrollo comunal. OB/MR