Presenta las exigencias y presiones de los campesinos al Gobierno con el fin de que cumpla con lo que les había prometido, sustentadas en la declaratoria de emergencia nacional en el sector agropecuario y en el aumento en los precios de sustentación de productos como el arroz, frijoles y maíz. Se exige al gobierno el pago por las pérdidas de sus cosechas -cuyo monto asciende a 400 millones de colones-, apertura de crédito blando en los bancos del Estado para los pequeños y medianos productores, así como la compra de tierras y titulación de fincas por parte del Estado para que sean pasadas a los campesinos que carecen de propiedad. Ante esta situación, el gobierno decide nombrar una comisión para que se encargue de analizar y dar solución a estos problemas. Se destaca la acción conjunta realizada por todo el sector campesino del Pacífico Seco, en procura de defender sus derechos. /EL