El documento busca responder cómo se ejerce la gestión estatal sobre el patrimonio ambiental y cuál ha sido el desempeño del Estado costarricense frente a la participación de la sociedad civil organizada en esa gestión. Se trata de una evaluación el cumplimiento y puesta en practica del principio 10 de la Declaración de Río en 1992, mediante cuatro grandes categorías: Acceso a la información pública en el ámbito ambiental, Participación de la sociedad civil, Acceso a la justicia por los ciudadanos y Fortalecimiento de capacidades del gobierno y los ciudadanos para hacer efectivo ese principio. Y la finalidad del estudio es que la ciudadanía conozca sus derechos de acceso a la información ambiental y los mecanismos previstos en la ley, a través de los cuales pueden participar en los procesos de toma de decisiones en la gestión ambiental, a su vez, se busca que existan gobiernos responsables y transparentes, que cumplan con los compromisos que asumen en materias de gestión y orientación del ambiente