ndica que la crisis económica de la década de 1980 trajo consigo transformaciones graduales de la política social en Costa Rica; agrega que no se revertieron las tendencias fundamentales vigentes hasta entonces, a saber su orientación, eminentemente universalista, con algunos programas selectivos, la importante presencia del Estado en su financiamiento y ejecución y su fuerte carácter redistributivo. Se mantuvieron así los objetivos centrales y sus intrumentos concomitantes, redistributivos y relativos a la inversión en recursos humanos y a la integración y la movilidad social. Importante fue la racionalización del gasto social ante la contracción de los gastos del Estado y el déficit de las instituciones de bienestar. Reformas administrativas, la generación de nuevos ingresos y la reestructuración de algunos servicios fueron los instrumentos primordiales utilizados para tal fin. Importantes elementos contextuales contribuyeron a que la crisis económica no se transformara en una crisis del Estado de bienestar; entre ellas destaca la ausencia de constricciones impuestas por el gasto militar, debido a la falta de ejército, el arraigado consenso en torno a la función del gasto social, los éxitos en materia de estabilización económica logrados a partir de 1982, la gran entrada de recursos de Estados Unidos asociados con una lógica geopolítica, un hábil manejo de la deuda externa y política salariales moderadas en el sector público. Pero sin duda, los programas sociales han mostrado un deterioro, la caída per cápita del gasto, unida con inercias que conspiran contra una elevación de su productividad han conducido al deterioro de los programas, pero aún no se puede hablar de una crisis del Estado de bienestar.