Se indica que las condiciones económicas y sociales en que se aplica y dirime el derecho en América Latina se han ido deteriorando esto en buena parte debido a que los problemas se han agravado en vez de solucionarse, gracias al egoísmo de las clases dirigentes de los diversos países y al comportamiento del mundo industrializado a través del intercambio desigual, la presión de la deuda externa, la acentuación del abismo tecnológico y la exportación de industrias, bienes y desechos contaminantes. Se indica que con sólo el 20 por ciento de la población mundial, las naciones desarrolladas concentran el 80 por ciento de la riqueza del planeta. Mientras que el elevado índice de crecimiento demográfico de los países en desarrollo provoca deterioro en la infraestructura, la investigación, la salud, la educación y la seguridad social, de manera que en vez de disminuir las diferencias entre el Norte y el Sur, éstas van en aumento. Por otra parte, se indica que los organismos internacionales trabajan en función de los intereses de los países desarrollados y no de los no desarrollados con lo que el desequilibrio se torna más evidente. Se da la imposición de las políticas de ajuste y la reconversión de los equilibrios internos de las economías dependientes, lo cual trae consigo graves problemas como la desnacionalización de actividades económicas, industriales y financieras vitales para la autodeterminación de los pueblos. Todo esto provoca que la infancia de los países subdesarrollados se encuentre amenzada por la pobreza, la imposibilidad de accesar a la salud, a la educación y a la vivienda, violencia generada en sus hogares o por los grupos parapoliciales que buscan mediante el exterminio terminar con la realidad inocultable de los chicos de la calle se mantiene la discriminación de la mujer, a quien se obstaculiza su participación en el proceso de desarrollo también los pueblos indígenas son víctimas de desapariciones, asesinatos y persecuciones se agrava la realidad de sectores de trabajadores de la ciudad y del campo de la clase media y buena parte del empresariado nacional, la marginación social es una de las consecuencias inherentes a las políticas de ajuste. Se finaliza indicando la necesidad de superar todas estas limitaciones desde el punto de vista jurídico y mediante la integración regional. OB/ALJ