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Después de la crisis de principios de los ochenta, los países latinoamericanos aplicaron políticas de estabilización y apertura económica, conocidas como el Consenso de Washington. una vez alcanzada la estabilidad, se pensó que durante los noventa los países empezarían a cosechar los frutos del mayor crecimiento. Sin embargo, los logros en términos de reducción de la pobreza y mejora en la distribución del ingreso fueron exiguos. Los expertos y organismos financieros internacionales sostienen ahora que para lograr esos objetivos es necesario complementar dichas políticas con reformas institucionales. En el campo financiero se argumenta la conveniencia de diseñar redes de seguridad en los sistemas bancarios, incluyendo facilidades de prestamista de última instancia, seguro de depósitos, requerimientos de capital, supervisión y políticas de cierra. Asimismo, se recomienda la adopción de acciones microeconómicas para mejorar la regulación prudencial, así como la administración bancaria relacionada con el crecimiento crediticio desmedido, la pobre evaluación de los préstamos concedidos, la excesiva concentración de créditos, la gran proporcion de préstamos conectados, el descalze de plazos y monedas, la baja recuperación de préstamos y los débiles controles internos. La autonomía de los bancos centrales y su crucial papel en el sistema de pagos es también de granr elevancia. Muchos de los países latinoamericanos están aplicando este tipo de acciones. Dentro de ellos sobresalen Argentina, Brasil, Chile, Jamaica, México, Venezuela, la mayoría de los cuales coincidentemente experimentaron crisis bancarias con grandes costos fiscales. Lass modificaciones adoptadas han sido moldeadas por la propia historia de cada país, donde destaca la naturaleza de la crisis y las rpesiones regulatorias enfrenteadas. Costa Rica también se encuentra inmersa en este proceso, pero el sistema bancario predominantemente estatal constituye un obstáculo para avanzar de manera más acelerada