Posterior a que el Banco Mundial negara al gobierno de Costa Rica 80 milones de dólares para la aplicación del tercer programa de ajuste estructural, se prestan los fondos para pagar las prestaciones a 8.000 empleados públicos que la presente administración se dispone a despedir. Se agrega que el 25 de abril se celebró una reunión en Washington, en ella estuvieron el presidente del Banco Central Rodrigo Bolaños, los ministros de Planificación Leonardo Garnier y el de Hacienda Fernando Herrero, con las máximas autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM). Se considera que la finalidad era renegociar el compromiso con el FMI ante el eventual incumplimiento de Costa Rica, porque en el convenio preliminar que se dio en marzo de 1996, se suponía que a cambio de los 80 millones de dólares el gobierno reduciría el déficit fiscal en 1995 de un 8 por ciento con respecto al producto interno bruto (PIB), a un 3.5 por ciento. Dentro de las medidas impuestas, la administración Figueres ha puesto en práctica un plan de supresión voluntaria de plazas en el Estado. A los empleados que soliciten su retiro se les aprobará, junto con el pago de prestaciones, el reconocimiento de cuatro años de servicio adicionales y el rompimiento de tope de cesantía hasta los doce años. Sin duda, las medidas económicas forman parte de los compromisos adquiridos con las instituciones internacionales, que condicionan la buena marcha que los países de la región pretenden recorrer, sin olvidar que están en juego los intereses de las clases privilegiadas. OB/LOB