La década de los años 80 estuvo marcada por una política financiera de endeudamiento progresivo, con lo cual el principal problema se ha centrado en la escasez de divisas; el papel del Estado en la economía ha sido el de privatizar las entidades autónomas, la disminución de la inversión pública, la reducción de los gastos sociales para convertir a la empresa privada en el eje del desarrollo, promoción de las exportaciones y la apertura del país a la inversión extranjera. En 1989 se demostró la verdadera crisis de la economía hondureña, una de las peores de su historia, la cual había sido atenuada en años anteriores gracias a los préstamos internacionales y amplios subsidios de la AID, estos elementos atrasaron el impacto de la crisis. Los organismos financieros internacionales uno a uno fueron cerrándole el crédito a Honduras con lo que el gobierno quedó atrapado entre si ceder ante la presión de estos organismos a los que se le unía un sector empresarial importante o, negarse a las exigencias y arriesgarse a perder los préstamos y la ayuda económica. Se estima que para 1990 las deudas ascienden a unos 223 millones de dólares sobre una deuda externa superior a los 3.000 millones de dólares; los organismos financieros lograron su objetivo de terminar con el juego de las negociaciones y colocar al país en condiciones de aceptar las recetas del desarrollo económico, es decir la liberación de la economía a costa de la represión de salarios y las reivindicaciones sociales, readecuando al país en el modelo de acumulación capitalista a cambio de un mayor costo social para las clases pobres. Ante tal situación, Callejas ha anunciado las medidas de ajuste las cuales podrían ser una salida a la escasez de divisas, pero no ayudará a resolver la aguda crisis que enfrenta Honduras, más bien contribuirá a ensanchar las diferencias entre los ricos y los pobres, generando más problemas sociales. OB/MR