Guatemla enfrenta la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, significa una importante modificación en su estructura jurídica, así como un reto para el inicio de la transformación del sistema judicial y de administración de la justicia. Dicha reforma se propone la reorganización de la administración de la justicia a través de la creación de juzgados específicos y la redefinición de los procedimientos penales, entre otras medidas. En Guatemala, país pluriétnico y con un elevado índice de analfabetismo, la implantación de los juiciois orales, públicos y bilingües, constituyen una de las principales reformas en esta materia. La puesta en marcha del nuevo procedimiento y el surgimiento de nuevas figuras públicas persigue promover la fiscalización ciudadana por observación y propiciar la apertura de nuevos espacios jurídicos. Un acceso rápido a la justicia, respeto a los derechos humanos, eficiencia en la investigación de los delitos y en la penalización de la delincuencia y una atención especial a los de mayor gravedad, son los principios fundamentales que se persiguen con esta ley. Concebida con los principios internacionales, la nueva ley entra en vigor con una serie de limitaciones provocadas por la carencia de infraestructura, personal capacitado y recursos económicos necesarios, A pesar de estos obstáculos y en medio de una importante crisis política, económica y social, la modernización en la justicia penal que promueve el Código Procesal Penal constituye un paso importane hacia la consolidación del Estado de derecho y el fortalecimiento de la democracia guatemalteca. OB/LOB