Por los desequilibrios macroeconómicos, muchos países han adoptado programas y políticas de ajuste con la finalidad de establecer condiciones de crecimiento sostenido en un contexto de estabilidad de precios. Sin embargo, en la gran mayoría de los países, se ha demostrado que la velocidad e intensidad con la cual son aplicados los ajustes, así como el desconocimiento de la historia y el contexto sociopolítico en que se aplican dichos programas ha originado desequilibrios de orden social e inestabilidad política esto ha llevado a abandonar de forma temporal el proceso iniciado. Además los promotores de estas políticas han ignorado sus efectos perniciosos sobre la producción y el consumo de alimentos, por ello los recortes del gasto público agrícola y los subsidios a la producción, frecuentemente afectan con mayor intensidad a los pequeños productores agudizando los graves problemas de pobreza y de regresividad en la distribución del ingreso existente en zonas rurales. La disminución del gasto público afecta también las inversiones en infraestructura, programas de capacitación e investigación, considerados prioritarios para apoyar los procesos de reconversión de la agricultura ante la apertura de los mercados. Por otra parte las políticas que promueven una mayor competencia de forma frecuente se adoptan sin tomar en consideración el marco legal que evite las políticas proteccionistas, las prácticas desleales y el "dumping" que desplazan la producción nacional, impidiendo que ésta exprese sus ventajas comparativas y competitivas. En síntesis se considera que las políticas de ajuste estructrural no garantizan por sí solas el logro de un objetivo tan importante como el de la seguridad alimentaria. Las nuevas políticas agroalimentarias deben de sustentarse en una buena dosis de realismo y conciencia sobre las restricciones que crea un mundo con economías más globalizadas, abiertas e interdependientes. OB/LOB