Debido a las políticas de ajuste estructural aplicadas por el gobierno nicaragüense, se han reducido los presupuestos destinados a los servicios básicos como agua, electricidad, vivienda, alimentación, produciéndose con esto un deterioro en los niveles de vida de la población. Parte del derecho al trabajo se ha visto violado por la grave situación económica que vive el país, ante todo, por la aplicación del plan de conversión ocupacional, lo que ha conducido al país a un 40 por ciento de desempleo. Con la suspensión de la ley del servicio civil se violaron seriamente los derechos laborales, provocando despidos masivos y arbitrarios, de allí que muchos trabajadores se hayan visto obligados a acudir a la huelga para solucionar su problema de desempleo. Otro de los derechos violados es el de la salud, pues el 69,4 por ciento no pudo satisfacer sus necesidades básicas, el 30 por ciento vive en la pobreza, el 16 por ciento en la indigencia y el 34 por ciento vive en condiciones higiénicas deplorables, la tasa de mortalidad infantil se elevó al 73 por ciento. Por su parte, las Naciones Unidas insisten en señalar que el 80 por ciento de la población vive en la pobreza y que los más vulnerables son los menores de 15 años. La violación a la educación no se queda atrás, el gobierno tomó la decisión de reducir en un 90 por ciento el presupuesto para la educación superior, suspendió el programa de alfabetización y todo programa de educación para adultos. El derecho a la seguridad social y el bienestar han sido también violados, pues las pensiones por vejez, viudez y orfandad no corresponden a los niveles de vida, se han disminuido los programas para la atención de los discapacitados y para los huérfanos de guerra. Finalmente señala las violaciones a la propiedad, pues se dio una privatización de tierras, desalojos violentos y atropellos con grupos armados. OB/MR