Segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (1989); aprobado y proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44 128, del 15 de diciembre de 1989
Debido a la coyuntura que atraviesa Centroamérica en donde la mayoría de los gobiernos buscan la forma de reimplantar la pena de muerte como medio para acabar con la violencia común y la delincuencia imperante, la Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica CODEHUCA, se manifiesta abierta y totalmente en contra de dicha posibilidad. A su vez manifiesta su preocupación pues se creía que esto era una situación superada. Desde una perspectiva ética toda relación humana y social debe promover el derecho a la vida en forma prioritaria además se ha comprobado que la pena de muerte no es un medio eficaz para disminuir o erradicar la criminalidad. CODEHUCA estima que si en realidad los gobiernos centroamericanos desean disminuir la criminalidad, deben dictar medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, educar para la paz, promover políticas de empleo masivo, limitar las causas directas que llevan a la violencia tales como el alcoholismo, drogadicción, pobreza extrema, falta de oportunidades educativas y recreativas para la juventud, así como programas de integración familiar, mayor preocupación por la salud mental de la población, pues muchos casos de violencia han sucedido por este problema. Se considera que únicamente con políticas integrales se puede disminuir la criminalidad, atacando sus raíces y no los problemas que esta provoca. OB/LOB