Se presenta una propuesta integral para las personas sobrevivientes del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, muchas de ellas migrantes y refugiadas, construido de manera colectiva entre instituciones pública y privadas. Es un documento operacional donde se plasman las responsabilidades y acciones del estado en los diversos momentos de asistencia para las victimas de las redes criminales de esclavitud del siglo XXI. Se establece desde un enfoque de derechos humanos, con el fin de defender los derechos de las victimas por encima de otros intereses y propósitos. Su objetivo es garantizar una respuesta interinstitucional, ágil y oportuna para la atención integral a personas sobrevivientes-víctimas de la trata, orientada al respeto y garantía de sus derechos en concordancia con los compromisos y obligaciones internacionales contraídos por el Estado costarricense mediante la ratificación del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional.