Se analizan las implicaciones de la reforma constitucional sobre los derechos de propiedad e integración agrícola, para el Estado mexicano en 1992, en contraste con la remoción de obstáculos estructurales, resultados que se han observado en la incorporación de productores campesinos o familiares al proceso productivo y competencia internacional, por el establecimiento de mercados de tierra de la propiedad social (ejidos). Se evidencian como cambios relevantes, que la incorporación de la propiedad social, se ha referido fundamentalmente a aspectos de arrendamiento, mediería, tercería y aparcería, y con menor frecuencia, a los de venta de la propiedad social; y por otro lado, el relativo aumento de la reconcentración de la propiedad agraria mexicana. Se concluye que la incorporación de la propiedad ejidal a los mercados de tierras, no ha tenido un impacto positivo en mejorar la competitividad o actualización tecnológica productiva de dichos productores, sugiriendo que dichos cambios en la legislación agraria, no son decisivos para permitir la incorporación del segmento más atrasado de la agricultura mexicana.