El proceso de privatización de los servicios públicos en la región han obedecido a una serie de motivos financieros, así como cambios en los paradigmas políticos y económicos. Dicho proceso se ha generalizado progresivamente desde mediados de los años ochenta, aunque con diversos ritmos, niveles de cobertura y profundidad según los países. El análisis de la situación revela, a grandes rasgos, una percepción de que la cantidad y calidad de los servicios públicos privatizados han mejorado (ILPES 1999). Este proceso ha dejado dos lecciones importantes: la primera de ellas es que la definición del marco normativo y regulatorio, así como el diseño e implantación institucional de los entes encargados, debe proceder el proceso mismo de privatización, de lo contrario, las reformas pueden ser inestables y dar lugar a transferencias patrimoniales y de ingresos injustificadas, a veces de elevada cuantía . La segunda lección subraya la conveniencia de establecer una nítida división entre las funciones de formulación de las políticas sectoriales de desarrollo, de regulación y de operación de los servicios. Esta diferenciación representa un avance institucional importante y, por ello, es recomendable aun en aquellos casos en que se decida mantener la provisión pública de servicios. DOC/WMV