Sostiene que la agricultura puede desempeñar un papel fundamental en el crecimiento de las economías de América Latina y puede ser el marco en el cual se ponga en marcha una nueva generación de programas de desarrollo rural viables que pueden ayudar a reducir de forma importante la pobreza en el campo. La década de 1980 significó la depreciación de la tasa de cambio real, con lo que se abarató el precio de las importaciones de alimentos, creando términos de intercambio muy desfavorables para el sector agrícola. En esta misma década, la mayoría de los países establecieron programas de estabilización, liberación y ajuste estructural. Pero a pesar de todo esto, se dice que el sector agropecuario se convirtió en el más dinámico en la mayoría de los países de la región. Las políticas económicas no deben afectar las importaciones de bienes de producción agrícola, en especial de aquellos que permiten un aprovechamiento intensivo de la tierra y la austeridad fiscal no debe restringir el acceso de los agricultores al crédito. La disminución en el gasto público debe recompensarse con medidas que reduzcan el costo del manejo de los programas y los bienes públicos de manera que el ajuste no se lleve a cabo a costa del sector agrícola. Se señala el acceso a los medios de producción como la causa principal de la pobreza rural, la cual se extiende en forma vertiginosa por América Latina. El campesinado se ha incrementado en términos absolutos y relativos y aunque en los últimos años éste ha perdido parte de su participación en el mercado, aún es parte importante en la entrega de alimentos y productos de exportación. Seguidamente se exponen seis tipos de desarrollo, en donde el conocimiento de las relaciones sociales es imperfecto y en los que se sintetiza que lo fundamental en una estrategia de desarrollo rural es la política macroeconómica. OB/ALJ