Primeramente se ahonda en la importancia de las Salas Constitucionales en el panorama jurídico internacional se indica que las mismas son una expresión de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Seguidamente se destaca la consolidación del proceso institucional que se otorga a los derechos fundamentales consagrados en los convenios y tratados internacionales de protección a los derechos humanos. A continuación se reconoce la necesidad de que los órganos de los cuales depende el cumplimiento de las garantías institucionales sean plenamente independientes del resto de los órganos o poderes del Estado, así como frente a la jurisdicción ordinaria y frente a las presiones internacionales. De acuerdo a este panorama general, se acuerda velar por los marcos constitucionales de cada país prevaleciendo la norma constitucional y garantizando la independencia de esa jurisdicción y el efectivo cumplimiento de sus pronunciamientos. Se señala que debe darse prioridad al efectivo ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se ahonda también en la importancia de integrar las Cortes y las Salas Constitucionales latinoamericanas en una organización con poder de convocatoria que permita intercambiar opiniones, doctrinas y jurisprudencia a nivel internacional. Se agrega que la relación entre los Estados debe producirse siempre en el marco del respecto a la soberanía y el orden constitucional. Finalmente, se indica la necesidad de crear el Consejo de Jurisdicción Constitucional Latinoamericana, visto como un órgano consultivo, con la correspondiente ratificación, para la defensa del orden jurídico constitucional y la eficacia en la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. OB/ALJ