En la decada de los 90, se institucionalizaron en América Latina nuevas identidades, concepciones de ciudadanía y proyectos de sociedad cuyos propulsores fueron los nuevos movimientos sociales surgidos a finales de los años 60. Estos movimientos han intentado construir espacios políticos para transformar los modelos de desarrollo económico y político. Como parte de este proceso, el movimiento ambientalista venezolano logró que sus demandas estratégicas fueran incluidas en la Constitución Bolivariana de 1999 sin embargo, esta intitucionalización plantea nuevos dilemas y desafíos que se vinculan con: la falta de precisión y alto nivel de generalidad de los conceptos de desarrollo sustentable y democracia participativa las diferencias valorativas entre los diversos actores sociopolíticos y la brecha existente entre el discurso y la praxis la heterogeneidad ideológica y social del movimiento ambientalista y las dificultades para definir una ideología ambiental el reforzamiento del Poder Ejecutivo en la nueva Constitución que pudiera llevar a soluciones autoritarias y populistas y, sobre todo, la superviviencia y autonomía del propio movimiento ambientalista. Doc/PAG