En Uruguay, uno de los déficits más salientes que se pueden señalar del proceso de re-democratización que vivió el país después de la caída de la dictadura en 1985 es la sistemática exclusión ciudadana a la que han sido sometidos los asalariados rurales. El origen de esta situación puede encontrarse en el extraordinario poder que han ejercido los grupos dominantes del medio rural. En este artículo se trata de analizar la acción de estas organizaciones patronales para poner de manifiesto de qué manera y en qué medida han logrado bloquear durante los últimos quince años los intentos de organización de los trabajadores rurales y el avance de la legislación laboral en el medio rural