En Honduras se decide abolir el servicio militar obligatorio, el cual pasa a ser voluntario y educativo, sin embargo, la ratificaión del artículo constitucional fue condicionada a un aumento en el presupuesto de las fuerzas armadas a fin de que éstas pueden financiar la contratación de los nuevos soldados voluntarios. Mientras tanto en Panamá, la fuerza pública busca su militarización, mediante un proyecto de reforma a la ley orgánica de la institución, impulsada por el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), el cual es fuertemente criticado por varios grupos de la sociedad, que lo consideran un retroceso en los avances en la desmilitarización. En Guatemala, la presentación al Congreso de un proyecto para crear la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIE) ha generado diversas críticas dentro del seno de la asamblea y en varios sectores de la sociedad, porque contiene inconstitucionalidades y favorece la militarización de los órganos de seguridad. REV//jmml