Analiza el autogolpe de Estado del presidente guatemalteco Jorge Serrano Elías, el cual se dió después de un mes de protestas sociales, procedió a suspener las garantías constitucionales, disolver el Congreso, anunciando la próxima convocatoria a una Asamblea Constituyente, a su vez, se procedió a la detención de las máximas figuras de las dos Cortes y al Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio. Las protestas sociales respondieron al alza de las tarifas eléctricas, además, de la negativa para la privatización de empresas estatales, el rechazo al militarismo y, en demanda a la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la insurgencia. A toda la movilidad social se unió la protesta estudiantil, quienes estaban en contra de las cédulas estudiantiles, por lo que se cerraron varios centros educativos y un estudiante murió de un disparo. Según trabajadores del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) el alza responde al propósito de "permitir al subsector eléctrico recaudar 1.200 millones de quetzales (220 millones de dólares) que se deben a organismos locales y extranjeros", mientras que analistas han indicado que se prepara el terreno para vender INDE en condiciones favorables a la empresa privada. Por otra parte, se ha agravado el problema de la represión política y la violación a los derechos humanos, como respuesta oficial a la reactivación de las protestas por el encarecimiento de la vida, estas organizaciones indican que no se contempla "ni por asomo, los necesarios cambios estructurales y democráticos lo que coloca al país ante un futuro totalmente incierto". En síntesis, Guatemala ha sido nuevamente protagonista de un golpe de Estado debido a las difíciles condiciones de vida y a los problemas sociales. OB/MR