El Proyecto Constitucional de Garantías Económicas, con un sentido similar al actual Título de Derechos y Garantías Sociales, se espera que contribuya a fortalecer la democracia económica y el estado de derecho en Costa Rica. Pero para lograr dicho fin debe ser un proyecto integral que logre, simultáneamente, al menos dos objetivos no fácilmente armonizables como el incrementar la flexibilidad y la eficacia de la política económica y el rol del Estado en la economía y a su vez definir un tipo de control democrático sobre los márgenes de acción de quienes ejercen la política macroeconómica en particualar y las políticas públicas en general. Por el contrario, el así llamado Proyecto de Garantías Económicas, se caracteriza por ser eminentemente fiscalista e impone límites de acción en determinadas áreas y funciones de la acción estatal, por lo que representa una visión unilateral de la realidad y de la política económica en Costa Rica en los últimos años. Se considera que hay suficientes pruebas para sostener que existe un margen importante para la manipulación cortoplacista de la política económica y que este margen ha sido utilizado de forma efectiva, sin la debida evaluación o incluso a pesar de las consecuencias, al corto y mediano plazo, de las decisiones tomadas. El Proyecto debe de promover ante todo la igualdad en el plano económico de todos los ciudadanos y no menoscabar ni sacrificar otras garantías, como por ejemplo las sociales. OB/LOB