Las sociedades latinoamericanas y caribeñas iniciaron, en la década de los ochenta, su proceso de democratización en un contexto de debacle económica, manifestada a través de la crisis fiscal y el aumento de la deuda externa. Como respuesta a tal situación se inició un proceso de privatización de las empresas públicas, el cual buscaba, fundamentalmente, reducir la participación del Estado en la Economía. Sin embargo, este proceso de corte privatizador no se acompañó de reformas que convirtieran a estos Estados en entes eficientes y eficaces en la consecución de sus responsabilidades sociales. Es decir, no supuso reformas viables en los poderes públicos y en las administraciones públicas. De igual modo, los principales actores de representación política (los partidos políticos) siguieron funcionando en base a una lógica que importantiza el paternalismo y el clientelismo como dispositivos de relación entre los ciudadanos y el estado. El resultado ha sido la existencia de Estados más disminuidos y sin capacidad para asegurar crecimientos económicos sostenidos, instaurar el imperio de la ley, e implementar políticas que promuevan un desarrollo humano sostenible. En cuanto a esto, la Republica Dominicana no es una excepción. Este articulo trata de investigar el grado de confianza de los ciudadanos dominicanos hacia las principales organizaciones de representación e instituciones gubernamentales claves. En suma, se busca analizar los peligros que pueden presentar para la gobernabilidad democrática del país la débil confianza ciudadana hacia dichas organizaciones e instituciones