Los procesos de privatización son parte integral de la doctrina de los programas económicos promovidos por instancias internacionales, para el caso salvadoreño, los mismos cobran vigencia a partir de la presente década, esto por ocupar un puesto privilegiado entre los puntos generales del programa del gobierno arenista. A partir de esta base se pretende buscar la estabilidad de las finanzas públicas y la participación de la empresa privada en puntos en donde se estaba produciendo con toda la eficiencia y rentabilidad posible. Se habla con insistencia de la privatización de los servicios de energía eléctrica y de las telecoumicaciones, así como los mismos ingenios azucareros, los que se encuentran en proceso de venta. Si bien es cierto la la privatización puede ayudar a reducir los gastos de funcionamiento o los subsidios a tarifas que el estado otorga, no implica que los estratos más pobres resulten favorecidos por ello. La privatización no garantiza el desarrollo económico y social, sino la reducción de los gastos estatales. Por ello la necesidad de diseñar un modelo de privatización que integre los objetivos del plan social que el mismo gobierno dice tener. La privatización puede incentivar la concentración de la propiedad de antiguas empresas estatales en pocas personas, con la cual se beneficia a un pequeño grupo de la sociedad con el incremento del costo de la vida. HMBQ/HMBQ