La protección de la ciudadanía específica de niños, niñas y adolescentes, hoy está garantizada por el Código de la niñez y la adolescencia, y cuenta con los sistemas nacional y locales para la promoción, protección y exigibilidad de acciones para el goce pleno de los derechos. Este artículo trata sobre los componentes e interacciones organizacionales de los sistemas locales así como sobre el potencial y las restricciones que han demostrado hasta ahora estas instancias protectoras para cumplir con su cometido, mediante los procesos de planificación interinstitucional de sus acciones, ejecución y rendición de cuentas sobre sus resultados. En estos procesos se manifiesta la participación de actores estatales de carácter nacional, el gobierno local, las organizaciones no gubernamentales y las de carácter comunal. Se ilustra con la experiencia de Puriscal y Pérez Zeledón, desde las cuales se identifican omisiones del Código de la Niñez y Adolescencia y las innovaciones introducidas para conformar sistemas locales en un contexto político administrativo, aún no caracterizado por la descentralización