Dentro de las funciones del Poder Legislativo, se cita el determinar si procede admitir las acusaciones de cualquier persona que haya sido afectada de forma injusta por algún ministro u otro funcionario público de alta jerarquía en el Estado. A los funcionarios se les puede demandar, entre otras cosas por haber violado o dejar de cumplir las leyes de la Constitución Política, comprometer la soberanía y seguridad del Estado, no cumplir con los deberes que el cargo le imponga, traición a la patria, malversación de fondos públicos, estafa, cohecho, soborno, sedición, falsa declaración fiscal y fraude fiscal. Si la demanda es aceptada, se establece un juicio político en contra del funcionario y se procede inmediatamente a la suspensión de las funciones del acusado. El juicio político busca que las personas que demandan a los funcionarios públicos de alto nivel pasen directamente a los tribunales, de tal forma que la Asamblea Legislativa determina la pertinencia en cada caso. OB/LOB