A finales de mayo y principios de junio de 1994, los representantes del Ejercito Guatemalteco, el gobierno y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) reunidos en Puebla, México, no pudieron llegar a un acuerdo sobre los derechos humanos de las poblaciones desplazadas. La URNG señaló públicamente que la delegación gubernamental empleó una campaña "engañosa y obstructiva", por lo que no se cumplieron los deseos del pueblo guatemalteco de justicia en materia de derechos humanos. A pocos meses de firmado el acuerdo global sobre derechos humanos, el gobierno guatemalteco sigue ignorando la mayoría de lo estipulado, ni siquiera se ha dado la campaña de difusión y explicación a la cual se había comprometido el gobierno y otras isntituciones, los argumentos del presidente Ramiro de León de falta de recursos carecen de credibilidad, en realidad, hace falta mucha voluntad política por parte del gobierno y del ejército. A todo ello debe agregársele que los escuadrones de la muerte continúan actuando con impunidad y diariamente aparecen cadáveres con señales de torturas y con el ya conocido tiro de gracia. Los refugiados que viven en México, acusan al ejército de continuar ocupando sus tierras, proclaman el derecho a la vida sin la intervención del ejército, el cual es el causante de las masacres que provocaron su huída. Se está a la espera de la creación de la Comisión de la Verdad, la cual estaría encargada de investigar los crímenes y violaciones a los derechos humanos. Para finalizar se indica que el ejército se ha encargado de proteger a los violadores de los derechos humanos, ya que la mayoría de las personas que ejecutan dichas acciones pertenencen a sus filas. En síntesis, en Guatemala las cosas no han cambiado mucho, el grupo dirigente mantiene intactas sus posiciones y no están dispuestos a dar nada. OB/MR