El incremento de la delincuencia común y el crimen organizado en el contexto de la postguerra, ha rebasado los límites de la tolerancia ciudadana y del control gubernamental. En junio de 1996, se dio una serie de disturbios en los principales centros penales, provocados por el hacinamiento de presidiarios y la lenta aplicación de la justicia, elementos que vienen a configurar la compleja problemática que atraviesa el sistema de administración de justicia. En la Asamblea Legislativa, se ha dado un avance en la aprobación y ratificación de varias reformas tendientes a modernizar el sistema judicial, se ha configurado un tímido avance en la consolidación de un marco legal adecuado a una estrategia de seguridad pública, cuya base sea el respeto a los derechos humanos y la correcta aplicación de la justicia. Sin embargo, la ausencia aún de este marco jurídico consolidado y de la implementación de medidas aisladas y coyunturales que reflejan la ausencia de coordinación entre los distintos organismos estatales, fuerzas políticas y de la sociedad, permiten que la seguridad pública continúe deteriorándose a niveles alarmantes. La delincuencia, tema dejado de lado en la agenda política regional a inicios de la década de 1990 ha alcanzado niveles de organización en actividades como el narcotráfico y el lavado de dinero, siendo urgente una política regional anticriminal de corto, mediano y largo plazo, que involucre a los diferentes sectores de la sociedad. OB/LOB