Los organismos encargados de fomentar las pequeñas y medianas empresas en los países latinoamericanos, se han orientado hacia políticas más de mercado con lo que se quiere evitar un manejo clientelista de las mismas. Se postula que prácticas orientadas al mercado y el nivel de autonomía tanto respecto del gobierno como de grupos sociales determina hasta qué punto las instituciones tienen responsabilidad efectiva por su gestión, lo que se valora considerando en qué medida someten a evaluaciones sistemáticas e independientes los efectos de sus programas