En este artículo se comenta la denuncia puesta el 27 de marzo del 2000 por el religioso José María Tojeira -Rector de la UCA- contra un civil y seis militares en situación de retiro por la masacre de los jesuitas en esta universidad en 1989.En el relato de los hechos esta denuncia ofrece elementos que apuntan hacia la sede del Estado Mayor Conjunto como el sitio de donde salio la orden criminal así mismo se detalla el operativo militar de la masacre y la deficiente investigación judicial. De aquí en adelante este artículo ofrece una reflexión sobre las condiciones legales que enfrenta tal denuncia basándose en la primacía del Tratado Internacional de los Derechos Humanos sobre la ley interna de El Salvador sobre la Amnistía para los criminales implicados antes del primero de enero de 1992 en el conflicto interno./MSD