Este artículo se propone contrastar las lógicas técnicas y políticas en la asignación de vivienda social, a partir del análisis de un caso de ocupación de alrededor de 200 viviendas, ocurrido en Diciembre de 2005 en el Municipio de Puerto Vilelas y que culminó con un desalojo judicial poco tiempo después, tras una violenta represión policial. El artículo finaliza proponiendo algunos lineamientos para la formulación de programas sociales habitacionales más ajustados a la realidad en la que intervienen, con la finalidad principal que eviten contribuir a la reproducción de la pobreza.

RRH/ENERO2014