En este artículo se discute el problema de que, en la actual coyuntura, la privatización de algunos servicios públicos no significa, en la realidad, aumentar la competencia y que tal medida no responde al reto de modernizar el estado costarricense más bien, apunta el exponente, se trata de montar una estrategia que articule la política económica y social, que favorezca el crecimiento económico y una mejor asignación de los recursos. Basado en la experiencia generada por procesos similares de otros países (Inglaterra, Chile, etc.), pone en entredicho la tesis que asimila privatización y competitividad, y que pronostica beneficios al consumidor. Tales premisas las analiza a la luz del caso concreto del Instituto Costarricense de Electricidad. En las conclusiones destaca que: i-. los mercados deben servir a los ciudadanos y no a la inversa ii-. debe existir interacción entre políticas económicas y sociales iii-. el deterioro de los servicios públicos se debe a la ausencia de un ordenamiento jurídico que impida el tráfico de influencias y la intromisión política en las instituciones de desarrollo iv-. la eficiencia de los mercados es un medio para lograr el objetivo de un mayor bienestar de las personas y, v-. las reformas propuestas a la ley del ICE no consideran la posibilidad y consejos sobre la pertinencia de que existan industrias oligopólicas o monopólicas, dado el tamaño del mercado. EBZ/mb