Las denuncias presentadas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FMLN) y otros partidos políticos, sobre serias irregularidades que se dieron en las elecciones, cuestionan la transparencia de ese proceso y consecuentemente la legitimidad de las nuevas autoridades que se han declarado electas. Desde la perspectiva de los derechos humanos, esta situación es tan grave como preocupante, pues estas anomalías representan serias violaciones a los derechos políticos del pueblo nicaragüense, así como la permanencia de un clima político, caracterizado por la tensión, la polarización y la inestabilidad en síntesis, son las condiciones menos adecuadas para que el pueblo nicaragüense salga de su crisis económica-social y se enrumbe hacia el anhelado desarrollo. Dentro de los delitos electorales más comunes sucedidos en las elecciones se citan la alteración del padrón electoral, así como la destrucción de material electoral, además de agregar boletas electorales con el fin de variar los resultados de la votación o la sustracción de urnas electorales. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), en un informe resumió las distintas violaciones que se dieron en el proceso de votación, agregando que la resolución definitiva sobre éstas le corresponde al Consejo Supremo Electoral. Pero en términos generales, se considera que el proceso electoral de Nicaragua no se ajustó a las normas internacionales de los derechos humanos, donde se consigna los puntos que deben cumplirse para garantizar unas elecciones libres y justas. OB/LOB