En este artículo se señala el informe que dio la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) en 1995 sobre una lista de 50 jueces corruptos. Aquí se ofrecen las reacciones que tuvo al respecto el Presidente de la República (en ese momento Calderón Sol), el presidente de la Corte Suprema de Justicia, del Fiscal General y del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Se considera que este informe da pie para un saneamiento del aparato judicial del país y que el caso de los jueces corruptos es sólo una parte del problema de la administración de justicia. /MSD