En El Salvador, desde hace algunos años, se ha cultivado la práctica de comprar seguros privados de salud, con dinero del Estado, para funcionarios y empleados de algunas instituciones públicas. Esta práctica se está volviendo común y hasta hace poco no había sido cuestionada por nadie. Al contrario, en el imaginario social se ve con complacencia esta costumbre, pues se considera que beneficia a quien presta un servicio al país. Pero ¿qué hay detrás de este imaginario social? ¿Es éticamente aceptable esta práctica? Desde los Derechos humanos, ¿esta práctica abona a su respeto como algunos creen o viola derechos de otras personas?. Esta reflexión busca dar respuesta a estas preguntas. El texto se divide en 7 secciones: 1 – Contexto de las desigualdades en el acceso a la salud en El Salvador 2- El problema de los seguros privados comprados con fondos públicos 3- Los derechos son de incumbencia de todos, sobre todo a los más vulnerables 4- La salud como derecho fundamental reconocido en el país 5- La realidad en datos en relación a los profesionales de la salud 6-La destinación de dinero público para seguros privados 7- Se justifican las razones por las cuales hay oposición a esta práctica. Se concluye que destinar dineros públicos para comprar seguros privados de salud es una prestación que se convierte en un abuso y en un privilegio. KDV/250418