En el texto se establecen aspectos que evidencian los conflictos y tensiones que conducen a las exigencias de Derechos Humanos de los pueblos originarios, en este caso, los mapuche, dentro del modelo económico neoliberal chileno; que se contrapone con las discriminaciones hacia los pueblos indígenas como personas en su sentido liberal y social, dentro del sistema democrático de Chile. Dicha contradicción se establece a partir de la no resolución por completo de los problemas con la población mapuche a partir de la institucionalidad existente, y la evidente necesidad de que el reconocimiento real de sus Derechos Humanos va concatenado a la instauración de instituciones que protejan y defiendan los derechos colectivos e individuales de los pueblos mapuche, como la propiedad y la autonomía. Se concluye que para una veraz contestación a las demandas de Derechos Humanos de los pueblos mapuche es impostergable el reconocimiento de éstos en todas sus dimensiones: colectiva, individual y social; de la mano con la construcción de un escenario político que permita la defensa plena de los Derechos Humanos de los pueblos originarios de Chile, a través de cambios a nivel legal y jurídico que contemplen la plurinacionalidad del Estado chileno.