Colección Centroamérica

En Guatemala la trata de personas es un delito tipificado en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, la cual reformó el marco jurídico penal con la finalidad de combatir este hecho ilícito en sus diferentes modalidades y sancionarlo de acuerdo a su gravedad. Entre sus fines, esta ley pone de relieve tanto los trabajos o servicios forzados , como cualquier otra forma moderna de esclavitud y servidumbre. El Estado guatemalteco también es signatario del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. De acuerdo con el artículo 3 de este Protocolo, se entiende por trata de personas "la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, abuso de poder o una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos para obtener el consemiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. A partir de la ratificación de este Protocolo, Guatemala asume el compromiso de llevar a cabo una serie de acciones tendientes a la prevención y erradicación de de este delito, entre ellas su tipificación penal y la creación de un marco institucional que permita la persecución eficaz del delito y la atención de las víctimas. Por ello, la investigación que se recoge en este Estudio regional sobre trata de personas para fines de explotación laboral en Centroamérica: Guatemala, ha tenido como propósito fundamental producir información actualizada sobre la prevalencia, características e impacto del delito de trata de personas con fines de explotación laboral (TdPL), así como sobre la respuesta normativa e institucional. Este estudio sistematiza e integra los principales hallazgos y resultados de la presente investigación.