Tras un extenso periodo minero, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar una prohibición legal de toda clase de minería metálica. El presente artículo emplea el rastreo de procesos para ilustrar los vínculos directos, indirectos y mediáticos entre la movilización anti-minera y la adopción formal de una prohibición minera por parte de la legislatura nacional en 2017. Se basa en 78 entrevistas a activistas de campaña, legisladores, funcionarios gubernamentales, líderes empresariales, equipos legales, y combina esta información con documentos e informes legislativos, datos de opinión pública, documentos legales de una disputa de inversión presentada por el gobierno salvadoreño, blogs y la página web de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. Este análisis presta especial atención al alcance espacial y a la amplitud de las redes anti-mineras; fisuras internas y realineación situacional de la élite política, y el uso estratégico de diversas aperturas institucionales. El artículo expone que aunque los principales obstáculos para el desarrollo sostenible y la protección ambiental continúan en El Salvador, este artículo identifica un conjunto de interacciones iterativas entre alianzas activistas y los actores institucionales que pueden contribuir con éxito al cambio de políticas.
SCA/021221