Colección Centroamérica

La política agraria, entendida como un conjunto de acciones dirigidas por el Estado y ejecutadas a través de las distintas instituciones, tiene como objetivo la modificación de las condiciones generales (técnicas económicas, sociales y políticas) de la producción agropecuaria. Procurando esas modificaciones, el Estado pretende: “impulsar el desarrollo socioeconómico de las áreas rurales”, es decir pretende eliminar los obstáculos que enfrenta la reproducción de las relaciones de producción dominantes en la agricultura.

La acción del Estado asume distintas formas de acuerdo con la evolución de las condiciones particulares del desarrollo del capitalismo en el agro; a la vez, las distintas formas que asume tal política, al ejecutarse, influyen en ese desarrollo. 3n las condiciones actuales, el Estado costarricense impulsa una amplia gama de acciones orientadas directa o indirectamente a la producción agrícola: aumenta o disminuye los montos totales del crédito, varía las tasas de interés, restringe el préstamo a ciertas actividades productivas, readecúa el pago de las deudas; garantiza al productor precios mínimos de compra por su producto como la compra misma; intenta regular los precios de venta del productor al mayorista, de éste al minorista y de éste al consumidor; destina parte del presupuesto nacional al pago de servicios profesionales y técnicos para asistir la producción de las fincas; impulsa la construcción de infraestructuras para facilitar mejores condiciones de humedad a los productores durante una mayor parte del año; y, entre otras acciones más, también utiliza los recursos económicos y legales de que dispone para tratar de impedir que los productores agrícolas se arruinen por exposición a riesgos que provienen de causas no imputables al hombre (INS, 1977, 8). Analizaremos aquí este último punto, es decir, el modo en que el Estado ayuda al capital a enfrentar las barreras naturales que limitan su reproducción.