Las familias de las que provienen las personas privadas de libertad, usualmente enfrentan a un contexto caracterizado por la inestabilidad económica y condiciones materiales limitadas. Esto deteriora su carácter de actor social al configurar las relaciones en un medio que vulnerabiliza el cumplimiento de las funciones que se les ha delegado socialmente, como lo es en la protección de sus miembros, así como potenciar la autonomía de los mismos. Lo anterior arrastra consigo conflictos internos que pueden expresarse en violencia intrafamiliar., cambios constantes de domicilio, abandono, abuso en el consumo de sustancias, exclusión escolar y la comisión de delitos. En medio de este contexto, el ingreso de un miembro a un centro penal requiere que el grupo familiar se ajuste a una serie de normas institucionales que implican la limitación de los encuentros entre ambas partes. Estas condiciones propias de la privación de libertad se convierten en una dificultad para mantener vínculos que proporciones seguridad y afecto entre los jóvenes y sus familias.