Honduras carece de una ley marco que regule el proceso de privatización, situación que es aprovechada por las diferentes instituciones de seguro y previsión que compiten con ventaja ante el sector privado. Un ejemplo es el caso del Instituto de Prevención Militar (IPM), que adquirió en 1991 la Industria Cementera Hondureña S.A., empresa que se encontraba en poder del Estado; se pagó la suma de 20,7 millones de dólares. El sector empresarial se mostró muy molesto por dicha transacción pero nada se pudo hacer debido a la falta de una buena legislación que regule estas situaciones. La Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) prepara un proyecto de ley el cual será sometido al Congreso Nacional para su aprobación; el fin de dicho proyecto es el de restringir la participación de algunas entidades en el proceso de privatización y evitar situaciones similares a las del IPM. Los empresarios indican que las instituciones de seguros y previsión no deben tomar parte en la privatización ya que reciben fondos estatales en porcentajes superiores a las aportaciones de sus afiliadas y éstos las han convertido en instituciones de gran poder económico. Se indica que la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) es la empresa que más ha cooperado en el proceso privatizador con un total de 14 empresas privatizadas y a su vez se indica que la mayoría de la mismas se han vendido a un precio inferior al verdadero con lo que los compradores han salido altamente beneficiados. Otros personajes hondureños se muestran a favor de reducir el tamaño del Estado, por considerar que la magnitud del mismo lo vuelve ineficiente, pero se corre el peligro de convertir los monopolios estatales en monopolios privados, con las ya conocidas consecuencias para la sociedad y ante todo, para los trabajadores que ver peligrar su estabilidad laboral. OB/ALJ