El artículo postula que mientras a nivel internacional continúa el debate acerca de los beneficios que la globalización puede traer a la población pobre del mundo, la cruda realidad es que las apremiantes desigualdades de ingreso y oportunidad entre y dentro de los países han conducido al incremento en la cantidad de personas sin vivienda adecuada y segura. Menciona que los derechos humanos que poseen las personas y las comunidades a la vivienda, el agua y el saneamiento -garantizados todos por el derecho internacional y los compromisos de desarrollo asumidos en las cumbres mundiales de Naciones Unidas, como la Cumbre del Milenio y la Cumbre Mundial sobre desarrollo sostenible- siguen erosionándose a medida que el proceso de privatización se profundiza y acelera