Algunos de los organismos estatales son los principales violadores de los derechos humanos en Costa Rica. Se considera que su entrenamiento los hace tomar una actitud agresiva contra la población. Se destaca la preocupación por el proceso de militarización que se ha dado en el país y la misma tolerancia de las autoridades frente a sus actitudes y la publicidad. Se ha podido verificar que la mayor parte de las personas que sufren atropellos en sus derechos son provenientes de los sectores más bajos de la escala social. Otro rasgo característico de estos cuerpos policiales es la corrupción, si la persona posee medios económicos, no sufrirá persecución ni maltrato. El sistema que imparte justicia es totalmente ineficiente y la carga cae contra el desposeído, en el que no tiene las posibilidades de defenderse. Dentro de los principales problemas que se han detectado se encuentran, las detenciones arbitrarias, la represión y desligitimación de organizaciones populares, se viola la privacía de las personas, así como la libertad de pensamiento y expresión, el derecho de respuesta en los medios de comunicación y otros más. Se propone: reformas profundas en la legislación penal y procesal la derogación del pronunciamiento de la procuraduría agraria que autoriza los desalojos de los campesinos que se estudie a fondo la ley de psicotrópicos disolución de la Dirección de Inteligencia y Seguridad y que el Organismo de Investigación Judicial se limite a sus funciones que se estudie la situación de los indígenas permitir mayor acceso a la justicia que se garantice la libertad sindical y que se ejerza un mayor control sobre los organismos policiales. OB/JM