Se ahonda en la situación de los derechos humanos en Costa Rica y el trabajo social. En los últimos años el gobierno ha tomado la decisión de capacitar a las fuerzas policiales en asuntos militares, para lo que se traen especialistas norteamericanos, además, existe en el norte una base militar llamada Murciélago donde sus graduados se especializan en la lucha contra la insurgencia. Del un total de 700 internos, el 40 por ciento se encuentra en el régimen de prisión preventiva y algunos llevan 34 meses sin ser llamados a juicio, la mayoría de las detenciones son ilegítimas y violan los principios de las normas del régimen de libertad. Por otra parte, tanto el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) han utilizado la tortura y la violencia como parte de su investigación. La aplicación de las políticas estructurales han violado los derechos económicos, sociales y culturales del costarricense, se han reducido los presupuestos de los programas de bienestar social, se ha reducido el gasto público, se ha limitado el crédito a los pequeños productores, se han establecido incentivos para los grandes productores, se ha dado un proceso de privatización de las empresas estatales atentando contra los derechos de recibir servicios oportunos y de calidad, con la reducción del gasto público se ha dado la movilidad laboral, como es el caso de las cocineras de los comedores de las escuelas, a la vez, se ha dado una degradación ambiental como consecuencia de residuos químicos y orgánicos, se menciona también que existe un faltante de 000 maestros y que el material didáctico es escaso, en el campo de la vivienda el déficit es evidente. Finalmente señala que se da la persecución laboral y que el derecho a la huelga es casi nulo, ya que se encarcela a los dirigentes o se les rebaja el salario. OB/MR