En abril de 1990 se dan las declaraciones del coronel retirado Sigifredo Ochoa, donde afirma que existen otros altos militares involucrados en el crimen de los jesuitas, ocurrido en noviembre de 1989. Hasta ahora se encuentra bajo arresto el coronel Guillermo Benavidez, ex-director de la Escuela Militar, tres oficiales y cuatro soldados. El informe de Ochoa, al igual que otro brindado por un grupo de congresistas de Estados Unidos, da énfasis en la debilidad del sistema de justicia de El Salvador. Como era de esperar, los militares rechazaron todos los cargos, diciendo que estas declaraciones lo que "en realidad buscaban era el socavar las bases del Estado, favoreciendo a los intereses de los enemigos de la democracia", agregaron que se pretende crear "la confusión y desconfianza en la opinión pública internacional". Sin embargo, Ochoa salió al paso del pronunciamiento de las fuerzas armadas y reiteró sus declaraciones, criticó a los militares que se han enriquecido con la guerra y reiteró la necesidad de limpiar las filas del ejército de este tipo de gente y agregó que sus declaraciones no son más que lo que el pueblo dice en voz baja. Con la divulgación del informe Moakley, se puso el dedo en la llaga en lo que respecta a este hecho, se criticó duramente a la unidad especial del ejército y al tribunal que tiene bajo sus responsabilidad el caso y se enfatizó en la debilidad de la administración de justicia. OB/MR
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