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110 1 _aObservatorio Nicaragüense de la Violencia
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245 1 _aLas evidencias de un Estado totalitario:
_bViolaciones de los derechos humanos en universidades públicas de Nicaragua /
_cObservatorio Nicaragüense de la Violencia
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260 _aManagua, Nicaragua:
_bObservatorio Nicaragüense de la Violencia,
_c2023
300 _a260 páginas
520 3 _aEste libro documenta cómo las universidades nicaragüenses expulsaron arbitrariamente a jóvenes estudiantes por participar en las protestas de 2018 en demanda de una nueva Nicaragua, truncando sus aspiraciones profesionales. El ex rector Freddy Quezada aboga por la restauración de la autonomía universitaria y la renovación de autoridades. Testimonios como el de Heyling López Marenco, estudiante de Trabajo Social expulsado de FAREM UNAN Matagalpa, ilustran el impacto devastador de estas expulsiones, describiendo la pérdida de su "plan de vida" y las secuelas psicológicas. El libro detalla la represión inicial con armas de fuego contra los atrincherados en los campus, seguida de expulsiones arbitrarias y la negativa de las autoridades a reintegrar a los estudiantes. Se señala que las protestas fueron desencadenadas por el incendio en la Reserva Indio Maíz y los intentos de reforma a la seguridad social, revelando un descontento acumulado durante años por la falta de democracia, la pérdida de autonomía universitaria y el control de la UNEN y sindicatos orteguistas. La investigación, basada en documentos, periodismo y testimonios de 20 estudiantes, busca demostrar las arbitrariedades cometidas por la UNAN Managua y León, la UNI y la UNA al expulsar estudiantes y despedir personal como parte de la represión del régimen de Ortega, con la complicidad de la UNEN, violando la autonomía universitaria y la legislación nacional. Aunque no hay cifras oficiales, se estima un número significativo de estudiantes incluidos en "listas negras" e incluso encarcelados. La UNAN Managua ha emitido una normativa que impide la prematrícula a estudiantes suspendidos, mientras que la UNAN León ha guardado silencio sobre las expulsiones. Casos como los de Amaya Coppens y Gelmin Francisco Martínez Caballero, quienes buscaron explicaciones y reintegro sin éxito, ejemplifican la situación. Docentes y trabajadores administrativos también sufrieron despidos sin el debido proceso.
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