Se analiza la decisión tomada por la Corte Suprema de Estados Unidos, en donde el gobierno de dicho país puede secuestar personas en países extranjeros para juzgarlas en Estados Unidos, pese a las objeciones de los países que albergan a estas personas. Ante esto, México calificó la medida como ilegal y a la vez se negó a dejar que se instalara alguna oficina de la DEA en territorio mexicano. Con esta decisión acordada por la Corte Suprema de Estados Unidos se está pasando por encima a los tratados de extradicción vigentes y legaliza tal acción violando los mecanismos legales a los que dichos tratados están sujetos, partiendo del principio de que una persona sólo puede ser sacada del país que habita mediante una ley de extradición. La aprobación de dicha ley significa una desvergonzada violación de la soberanía de los Estados, con ella sólo se ratifica los deseos de hegemonía y superioridad que ha querido tener desde siempre Estados Unidos sobre sus vecinos, no importando las consecuencias trata de implantar la ley de la selva. Estados Unidos bajo el pretexto de combatir el tráfico de drogas pretende intervenir en otros Estados y ejercer el derecho de extraterritorialidad para juzgar por tales delitos a personas bajo la jurisdicción de otros países. En síntesis, Estados Unidos quiere a toda costa intervenir en el futuro de América y para ello no importa cuántos tratados tenga que romper o violar, siempre y cuando alcance su objetivo de liderar económica y políticamente a toda la región. OB/MR