El artículo reflexiona acerca de los acuerdos negociados en el TLC entre Estados Unidos y Centroamérica y su impacto en la economía costarricense, así como en otros ámbitos de la administración pública. Argumenta que este tratado establece convenios que amenazan la soberanía del Estado, pues implican alterar las funciones y facultades de sus sistemas legislativo y ejecutivo, al tiempo que restringen su capacidad de tomar medidas que protejan a la ciudadanía en materia ambiental, sanitaria, laboral y financiera, ni siquiera en condiciones en las que se atente contra la vida humana. Asimismo se señala que los acuerdos tomados en materia de resolución de controversias llevarían a una clara desigualdad en la capacidad de competencia de ambas partes, y en ciertas situaciones podría imponerse sanciones económicas al Estado